Se puede entender que la estatutaria indica el deber ser, y la ordinaria, lo que es el modelo para el funcionamiento del sistema.
Pienso que se presentarán zonas grises entre lo que se denomina un derecho humano y la administración.
Es importante leer de manera paralela los dos proyectos. Por la complementariedad de los documentos no puedo entender cómo es posible que en la Cámara de Representantes gastaran seis meses para revisar el deber ser, lo cual tiene naturaleza propia y, por ello, no tiene nada que analizar, y no se estudió a fondo el procedimiento sobre el cual se materializará la oferta.
En la estatutaria hay ideas de mucho fondo, pero no se dice cómo hacerlo. Por ejemplo, la garantía que debe tener toda persona al derecho a la salud, la competencia del Estado como responsable de garantizar el servicio y el derecho a la salud.
Se dice que el sistema único de salud será financiado con dineros públicos, es decir, que desde esta concepción no deberán existir conductas mezquinas evaluando flujos de caja, costos o rentabilidades financieras.
Pero también existe el otro lado en la ley ordinaria, que puede entorpecer la intención favorable.
Como la interpretación de la sostenibilidad fiscal y las fuentes de financiación, o sea, ello indica que no hay recursos para toda la demanda, señala que se deben definir condiciones para que los usuarios accedan a las coberturas de beneficios.
Asimismo, establece que las prestaciones se reconocerán sin distingo de personas, pero aclara que para las condiciones económicas no aplica, y que se considerarán en el régimen contributivo.
Se maneja el concepto de atención primaria, el cual se enmarca en la filosofía de la atención básica, y los responsables de ello serán gestores conformados por los administradores de servicios de salud (que no son diferentes a las EPS).
El riesgo que genera este eslabón en la red es que es el primero, y allí se pueden obstaculizar las buenas intenciones y que la población se quede con la atención básica.
Adicional a esa competencia, serán los responsables de la gestión para contratar la red de servicios, coordinar la atención de los beneficiarios, como también organizar mecanismos para que los afiliados puedan acceder al sistema y, además, organizar la oferta a través de la contratación de instituciones prestadoras y, como regalo, coordinarán autónomamente la prestación de planes complementarios.
Le pregunto, ministro Gaviria: ¿cómo reglamentarán estos procedimientos?
John Keynes se preguntó: “¿son más fuertes y obvios los intereses que contrarían que aquellos a los que favorecen?”.
Tomado de:portafolio.co
