Casi mes y medio después de que el presidente Juan Manuel Santos radicó en el Congreso los proyectos de ley ordinaria, de autoría del Ministerio de Salud, y estatutaria, propuesto por la Junta Médica Nacional, para reformar el sistema de salud, empieza a quedar claro qué camino tomaría el Gobierno para concretar este propósito.

Según fuentes del Congreso y del Ministerio de Salud, este se la jugaría por sacar adelante en esta legislatura la ley estatutaria (que busca definir las reglas para que el Estado garantice el derecho a la salud), con ajustes para que armonice con el contenido de la ley ordinaria, que seguiría su trámite en el Congreso.

Eso explicaría por qué el presidente Santos dio mensaje de urgencia a la estatutaria, que debería ser aprobada antes del 20 de julio. Aunque el Ministerio ha defendido la reforma en el legislativo por la vía ordinaria, para introducir cambios con mayor agilidad, distintas voces han insistido –en las audiencias públicas convocadas por la Comisión séptima del Senado– que su contenido no propone cambios estructurales.

Según la excongresista Cecilia López, experta en el tema, “entre los colombianos parece haber acuerdo en torno a que una reforma de fondo del sistema es impostergable. Aunque todos tenemos un carné que supuestamente nos abre la puerta a los servicios de salud, el martirio de los usuarios desatendidos va en ascenso”.

De la misma opinión es el exmagistrado José Gregorio Hernández, para quien con la reforma “no se debe buscar el salvamento patrimonial de los intermediarios, ni la elusión de sus responsabilidades, sino la conformación de un estatuto jurídico bien planificado, bajo la conducción del Estado, cuya prioridad sea salvaguardar los derechos a la vida y la salud de los afiliados y sus allegados”.

Es importante recordar que en los últimos tiempos el Gobierno ha adoptado medidas conducentes a remediar los males más apremiantes: por ejemplo, se mejoró el flujo de los recursos dentro del sistema, se iniciaron los giros directos a los hospitales y se unificaron los planes de salud de los regímenes subsidiado y contributivo.

Sin embargo, y a juzgar por las quejas escuchadas en las audiencias, en las que han participado pacientes, hospitales, médicos y las EPS, las medidas no han bastado. Fernando Sánchez, presidente de la Academia Nacional de Medicina y miembro de la Junta Médica, insiste en que la puesta en marcha de una reforma exige darles un marco jurídico a cambios que no dan espera, como el reconocimiento del principio de que la salud es un derecho.

“La reforma es como un partido de fútbol. La forma correcta de jugarlo es empezar por el primer tiempo, que es una ley estatutaria, antes de pasar al segundo, que es una ley ordinaria”, dice.

En la comisión primera de Senado hay tres proyectos de ley estatutaria: uno encabezado por el senador Luis Carlos Avellaneda; otro que recoge una propuesta del Gobierno, liderada por el senador Armando Benedetti, y uno más que contiene los 14 puntos del proyecto presentado por la Junta Médica. La ponencia de este último está en cabeza de la senadora Karime Mota, presidenta de esta comisión.

Como el tiempo apremia, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, trabaja para lograr acuerdos entre la Junta Médica y la comisión primera. la meta es tener pronto el articulado de un proyecto estatutario conciliado, que inicie su trámite en el Congreso.

Las EPS están ‘listas para ir al patíbulo’

Un punto controvertido en el proyecto de ley ordinaria es el papel de las EPS. Se dice que podrán transformarse en gestoras y que no manejarán dineros públicos. Jaime Arias, presidente de Acemi (que reúne a las EPS del contributivo) ha dicho que “las EPS estamos listas para ser cercenadas, para ir al patíbulo.

Debe quedar claro que en el futuro cualquier empresa debe tener reglas y condiciones claras de trabajo y de operación. Se necesita claridad en el compromiso que deben adquirir y lo que percibirán por ese esfuerzo, pero no veo eso en el proyecto. Sin estas reglas nadie se va a meter a ser gestor”. Elisa Torrenegra, directora de Gestar Salud (que reúne a la mayoría de las EPS del subsidiado) llama la atención sobre “las desigualdades entre los regímenes contributivo y subsidiado” y añade que cualquier decisión que se tome con las EPS debe pensar en los pacientes y en “los graves problemas de atención” que tienen hoy.

‘El proyecto ordinario necesita ajustes’

Juan C. Giraldo, director general de Hospitales y Clínicas, ve positivo que el proyecto de ley ordinaria del Gobierno proponga un plan integral de servicios de salud, con exclusiones, y un fondo de salvamento para hospitales. Pero insiste en que no debe haber integración vertical (EPS que contratan servicios con sus propios centros de salud) y que el fondo Salud Mía debe tener un mejor gobierno y contar con la participación de instancias como la Contraloría.

Pacientes quedaron con dudas

Néstor Álvarez, vocero de pacientes de alto costo, reconoce que es importante que el Ministro de Salud acepte hacer cambios al texto de ley ordinaria, pues no deja claros aspectos como el de la salud como un derecho fundamental ni por qué se insiste en mantener intermediarios en el sistema. Laura Ramírez, vocera de Pacientes Colombia (agrupa a 146 organizaciones) dice que aunque los escucharon en las audiencias, persiste la preocupación por la falta de claridad sobre el listado de servicios excluidos propuesto en el proyecto. “No queremos que los pacientes queden en un limbo en el que no se les garantice atención integral”, dijo.

A finales de mayo se debatiría el proyecto

Según Jorge Ballesteros, presidente de la comisión séptima del Senado, las audiencias han permitido saber qué piensan los actores del sistema sobre el proyecto de reforma. “Hemos entendido la importancia de aprobar esta ley ordinaria y la estatutaria (está en la Comisión Primera), pues nos da un marco normativo y la posibilidad de regular el derecho a la salud”. “Esta semana haremos la primera mesa de trabajo para darle forma a una ponencia, que discutiríamos a mediados o finales de mayo”.

Tomado de:eltiempo.com