Aunque llegó hace apenas un mes a la presidencia de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Jorge Humberto Botero Angulo sabe de los desafíos y oportunidades que tiene esta actividad, que en el primer semestre de este año emitió primas por 8,3 billones de pesos, con un crecimiento del 8 por ciento frente a igual periodo de 2012, cuando alcanzó los 7,7 billones de pesos.

En cuanto a siniestros reconocidos las aseguradoras desembolsaron, entre enero y junio, 3,7 billones de pesos, frente a 3,5 billones pagados en el primer semestre del año anterior.

La mayor penetración de los seguros y los campos por desarrollar en Colombia, así como las reformas que en seguridad social ha anunciado el Gobierno, hacen parte de las preocupaciones del dirigente gremial, quien dialogó con El Colombiano y prepara para septiembre la vigésima segunda Convención Internacional de Seguros, que se realizará en Cartagena.

En las pocas semanas que lleva al frente de Fasecolda, ¿que diagnóstico hace del sector asegurador?
“Hay que destacar cómo las empresas aseguradoras cumplen la función social primordial de dispensar los riesgos que son inherentes a la actividad humana, en todos los campos. Esa dispersión del riesgo se da mediante la recepción de unas primas y el pago que se hace de las contingencias. Cerca del 50 por ciento de las primas recaudadas se devuelven mediante el pago de las indemnizaciones o prestaciones que los contratos prevén”.

¿Qué retos tiene por afrontar en el corto plazo?
“Hay retos tan importantes como las coberturas que surgen del plan de construcción de infraestructura o concesiones 4G. Se trata de un conjunto de proyectos por 43 billones de pesos, es decir un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en los próximos seis años y eso genera muchas necesidades de aseguramiento, tanto en la fase constructiva como en la operación de las concesiones viales. Con relación a la infraestructura, construida o en construcción se generan riesgos derivados de los avatares de la naturaleza o eventuales actos terroristas, y esas inversiones hay que protegerlas. La discusión no ha sido rica en debatir esos temas y queremos hacerlo en la próxima Convención de Seguros en septiembre. Otro reto es lo micro, el sector está comprometido, pero queremos lograr ser incluidos en los reportes anuales de inclusión financiera que realiza la Banca de las Oportunidades, porque hasta ahora no hay mediciones”.

Con frecuencia se menciona, como una dificultad, que los siniestros son superiores a las primas emitidas. ¿Eso es así?

“En algunos casos sí, pero en promedio devolvemos algo así como la mitad, el 43 por ciento, aunque hay algunos ramos deficitarios en los que las primas son inferiores al valor que se devuelve vía siniestros. También hay diferencias entre las compañías por la mediación y la forma como asumen el riesgo, pero eso no significa que cuando las empresas pierden en la actividad de aseguramiento generen pérdidas, pues la inversión de las reservas que constituyen el respaldo de los compromisos, generan recursos que ayudan a equilibrar los resultados. Los rendimientos financieros suelen cubrir los déficit de la operación técnica”.

Y en cuanto a la mayor penetración de los seguros en el país…
“Si se produce una reforma de la seguridad social en pensiones, como debería suceder, las rentas vitalicias deberían tener un desarrollo muy notable como sucedió en Chile”.

¿Se ve venir esa reforma?
“El Gobierno ha venido trabajando en una iniciativa y en eso Fasecolda ha participado, pero no sabemos si lo presentarán en esta legislatura. A nuestro modo de ver resultaría peligroso llevar la reforma pensional en plena campaña electoral. En esta materia, conceder beneficios inmediatamente perceptibles y aprovechables en el corto plazo es muy fácil, porque las consecuencias financieras recaen sobre las generaciones futuras. Entonces, desde el punto de vista de la ecuación política, como los que no han nacido o no votan son niños y no tienen peso político, aumentar las cargas en materia pensional, pasándole la factura a la generación siguiente es una tentación muy grande y es por eso que nos parece que este no es el momento adecuado”.

Entonces, ¿cuándo será el momento oportuno?
“El país requiere la reforma pensional porque el actual sistema es inequitativo, insostenible y de baja cobertura, pero nuestra recomendación, respetuosa, es avanzar en la discusión de los elementos de la reforma, con la idea que se haga con un Gobierno fresco, nuevo y vigoroso, en 2014”.

Y mientras la reforma llega, ¿qué hay por hacer?
“La respuesta del Gobierno está centrada en los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), que nacieron con la reforma constitucional de 2005, y el Gobierno les dio importancia y elaboró documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), para desarrollarlos y hace algunos meses expidió el Decreto para promoverlos. Luego de ocho años tenemos una posibilidad pendiente de desarrollo y queremos explorar si el sector privado -aseguradores, fiduciarias y administradores de fondos pensionales-, puede hacer causa común con el Gobierno para desarrollar la iniciativa, como operadores de portafolios o como aseguradores. Sería una buena posibilidad de impulsar el microaseguramiento”.

Además de los microseguros, ¿qué otros campos se pueden desarrollar?
“El de vida individual es un campo incipiente, porque las bondades del seguro para los segmentos de ingresos medios y bajos no es una necesidad sentida. Las aseguradoras también han empezado a incursionar en seguros agrícolas, en sectores de tipo empresarial, y una de las cosas posibles es el desarrollo de los microseguros agropecuarios. En hogar o en propiedades domésticas, también hay espacio para nuevos esquemas de aseguramiento”.

La reforma de la salud también está en camino…
“Allí lo que se planteó es la conveniencia de mantener por fuera algunas coberturas que tienen relación con la seguridad social en salud, pero que en rigor no deben hacer parte de ellas, estamos hablando de seguros voluntarios de salud, que complementan las coberturas obligatorias, de riesgos laborales y de seguros obligatorios de accidentes de tránsito (Soat). Ese es el mensaje que le hemos dado al Senado que lo acogió y ahora le pedimos a la Cámara de Representantes que mantenga la decisión y que no arregle lo que anda bien. Por otro lado, la regulación en estos campos tienen una especificidad que justifica que se traten de forma diferente a la seguridad social como ocurre en otros países”.

Pero, ¿cuál es la preocupación de fondo con la reforma de la salud?
“Un interés indirecto del sector asegurador es que resueltos los problemas que en el sector salud teníamos en 1993, es decir cobertura y equidad, ahora el reto es la sostenibilidad financiera y la calidad. Hoy nos preguntamos si están disponibles los recursos para honrar los compromisos que, explícita o implícitamente, está dando la Ley nueva, que está creando una sensación de cobertura ilimitada que en ningún país, por desarrollado que sea, se da. También nos preocupan los espacios para el sector privado como proveedor de servicios de gestión, aseguramiento y prestación directa de servicios. Que la salud no sea un negocio no puede significar que no haya espacio para el sector privado, ni que la provisión de los servicios deba ser suministrada por el Estado. Volver al esquema del Seguro Social o a la Caja Nacional de Previsión es un retroceso que el país no puede dar”.

¿Le inquieta la llegada de Salud Mía como único recaudador y distribuidor?
“Hay dudas que esperamos se clarifiquen en los siguientes trámites en el legislativo, y tenemos confianza en el buen juicio del ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, a quien le hemos expuesto esas inquietudes”.

En regulación, ¿hay tareas pendientes?
“Es necesaria una modernización regulatoria. Los cambios en el sistema de constitución de reservas para garantizar las obligaciones que los aseguradores asumen frente a sus clientes, es un tema que el Gobierno y los aseguradores vienen discutiendo y vemos importantes decisiones en el corto plazo”.

¿Qué consideración hace frente a los diálogos de paz?
“El conflicto en Colombia constituye un lastre para el desarrollo social del país, afecta la seguridad de millones de personas, pobres en su gran mayoría, que viven en zonas rurales alejadas de las grandes ciudades, No hay en este continente ningún otro país en el que subsistan movimientos guerrilleros. Una paz negociada, que respete los principios democráticos que plasma la Constitución, es el reto que el Gobierno ha asumido”.

Tomado de: elcolombiano.com