Una de las medidas más audaces de César Gaviria cuando fue presidente, fue romper la tradición de nombrar entre los generales de alto rango del Ejército, el Ministro de Defensa. Escogió en cambio a su consejero de Paz, Rafael Pardo Rueda, un economista bogotano, nieto del inolvidable patriarca don Tomás Rueda Vargas. Liberal en política, Pardo había caminado medio país dialogando con los damnificados de la violencia y logrado la desmovilización del M-19 en el gobierno de Virgilio Barco.

Director del Partido Liberal y candidato a la Presidencia de la República en la última contienda electoral, llamó, con algunas de sus propuestas, la atención de Juan Manuel Santos, quien al llegar al poder no solo adoptó algunas de ellas, sino que lo nombró Ministro del Trabajo. Sabia decisión, porque el liberalismo hoy goza “de cabal salud” -como diría el escritor Somerset Maughan- y Rafael Pardo se apresta a librar una batalla más, esta vez en el Congreso de la República, para conseguir la aprobación de la reforma al Régimen Pensional, que en Colombia ha estado haciendo agua por décadas.

De afuera nos siguen mirando como violadores de los derechos de los sindicalistas, ¿por eso protestó ante la OIT?

Sí, en el balance del Comité de Libertad Sindical de la OIT más o menos la mitad de los casos que llegan son de América Latina, de los cuales el 70 % corresponde a Colombia, Brasil y Guatemala. Al mismo tiempo China, India y Rusia, que tienen dos mil millones de trabajadores, no están representados allí. Lo que América Latina en general está diciendo es que se la debe mirar con otra óptica porque, a pesar de estar al día en convenciones y acuerdos, es tratada mucho más severamente.

Bueno, pero Colombia ha tenido una historia tenaz en materia de libertad sindical, asesinatos y amenazas a sindicalistas…

Eso es cierto, 2.500 asesinatos a sindicalistas, en 25 años, es una tragedia sin justificación alguna. El número de muertos ha disminuido, pero mientras no lleguemos a cero la tarea no estará hecha. Sin embargo, las cifras son significativas: el año pasado hubo 20 muertos, este año van 7 y la meta es que no haya ni uno más. Ya hemos iniciado un proceso -excepcional en el mundo- que consiste en la reparación colectiva a las organizaciones sindicales, dentro de la ley de víctimas.

¿Y ya tienen un balance?

Sí, sobre el total de muertos del sindicalismo, Fecode tiene más de 900 personas asesinadas y el sindicato bananero de Sintrainagro casi 800. Fecode tiene 400.000 afiliados y el sindicato bananero 25.000, o sea que la proporción de muertos entre los trabajadores bananeros no tiene precedentes en el mundo.

¿Quiénes son responsables por ese exterminio?

Esencialmente las Farc, como está demostrado. Haremos un proceso de reparación simbólica, que no excluye la reparación individual. Ningún país del mundo tiene un proyecto similar y por eso estamos yendo mucho más allá de lo que pide la Organización Mundial del Trabajo. Entre otras cosas, la Ley de Víctimas no tiene nada que ver con la OIT; es una iniciativa del Gobierno y del Congreso.

Usted habla de procurarle trabajo ‘decente’ a la gente, ¿en qué sentido?
Con un trabajo que tenga todos los componentes de protección que se derivan de él. Una persona pasa entre el 50 y el 70 % del día trabajando, y de allí debe salir la protección para salud, accidentes y vejez. En el país hay 22 millones de trabajadores, de los cuales 7 millones tienen esas condiciones, mientras los otros 14 millones tienen condiciones variables como informales o como trabajadores por cuenta propia. Si desglosamos esto un poco, vemos una cobertura en Salud del 97 %, mientras Pensiones solo llega al 30 %, y la misma cifra tiene Riesgos Profesionales. Allí es donde estamos apuntando para buscar que el trabajador, con contrato o sin contrato de trabajo, tenga formas de protección social.

¿Qué es el ‘diálogo social’ y qué busca?

Es el diálogo en el cual empresarios, trabajadores y gobierno buscan mecanismos para concertar temas y políticas. La Comisión de Concertación Nacional allegará toda la información sobre temas fundamentales en la política laboral del país, de tal manera que podrán darse o no los acuerdos, pero es importante tener un conocimiento macro de toda la problemática.

¿Un ejemplo?

La Reforma Tributaria fue parte de ese proceso de diálogo, porque se eliminaban los parafiscales que sostenían el Sena y el Icbf y se reemplazaron por otros impuestos. Entonces tuvimos contacto permanente con los sindicatos, con los empresarios y con el Ministerio de Hacienda. Con base en información abundante, pudimos hacer cálculos y estimaciones sobre lo que significaba ese cambio de impuestos. Eso es ‘diálogo social’.

¿Cuándo presentará su Reforma Pensional?

Estamos pendientes del desarrollo de la Reforma a la Salud en el Congreso. Con el camino despejado, tendremos todos los elementos para llevarla a discusión.
En esta época tradicionalmente se trabaja poco en el Congreso, porque los parlamentarios hacen política reeleccionista en sus comarcas. Y se le augura un tránsito difícil a la Reforma de la Salud…
En los últimos 20 años ha habido tres grandes reformas a las pensiones: la Ley 100, la Ley 797 y el Acto Legislativo No. 1 de 2005. Dos de ellas salieron en diciembre, es decir tres meses antes de las elecciones y todas tenían el propósito de hacer más difícil el proceso de pensiones, porque subían las cotizaciones, el número de semanas y la edad. Sin embargo, se aprobaron. Por eso creo que encontraremos viabilidad dentro de la prioridad que el gobierno quiere darle a una Reforma Pensional que busca que haya más gente que pueda acceder a una pensión.

¿Con qué instrumentos?

Con mecanismos de flexibilización para que las personas que no completan las semanas necesarias -o el capital, si se trata de un fondo privado- puedan pagar las cotizaciones con la pensión, o esperar un tiempo para acceder a ella. También pueden recuperar la plata que ahorraron, o recibir la pensión y pagar las cotizaciones que les faltan en un número determinado de meses, “comprar” semanas o esperar unos años y obtener la pensión a partir de ese momento. Son alternativas que pueden escoger y así tendremos cada vez más pensionados.

¿Cuántas personas se pensionan al año?

Cada año 300.000 cumplen la edad de pensión y solo 60.000 la obtienen. Es decir, se quedan 240.000 personas sin pensión y sin ningún tipo de apoyo para la vejez. Eso es lo que la reforma pretende corregir.

¿Y cómo se contempla el tema de equidad?

En el régimen público del Seguro Social, mientras más alta la pensión, más grandes los subsidios. En la reforma nuestra hay un nivel uniforme de subsidio sobre el primer salario mínimo. Eso hace que se subsidien más proporcionalmente las pensiones más bajas que las pensiones más altas, porque estas últimas tienen más de un salario mínimo de pensión y el subsidio va solamente sobre el primer salario mínimo. Buscamos equidad y sostenibilidad en el tiempo, es decir, que el sistema pensional no reviente el presupuesto público, como ha pasado en otros países.

¿No van más, entonces, las pensiones millonarias?

No, desde el mes pasado la Corte ordenó que no se pagara ninguna pensión por encima de 25 salarios mínimos, con las excepciones que contempla la Constitución y que son ex presidentes y Fuerzas Militares. En diciembre debe haber una reliquidación de las pensiones derivadas de la Ley 4 o Ley Especial para Pensiones de Congresistas.

¿Está contento con las nuevas cifras sobre desempleo?

Claro, falta pero hay ya una tendencia. El 9.2 % frente al 10 % del año anterior en ese mismo lapso. Hubo 207.000 empleos nuevos este mes y los sectores que más crecieron fueron actividades inmobiliarias, transporte y servicios. Las ciudades en donde hubo más desempleo fueron Quibdó, Popayán y Cúcuta con tasas de 18.2 %, 16.9 % y 15.5 % respectivamente.

En Cali aumentó el desempleo de 14.3 % a 15.2 % hoy. ¿Qué explica eso?

Hace tres meses hicimos una encuesta con la Alcaldía de Cali. La mayor que se ha hecho sobre empleo en el país: 35.000 personas encuestadas. Tan grande, que podemos saber, casi barrio por barrio, cuál es la situación del empleo. Proporcionalmente, Cali genera tanto empleo como Bogotá, pero tiene una migración muchísimo mayor, que viene particularmente de la Costa Pacífica. En el país, como en Cali, el empleo que se está generando está cada vez más concentrado en los niveles educativos altos, que no es el perfil de la población migrante a Cali. Por eso se hará una instalación muy buena del Sena en Aguablanca, para que la gente pueda prepararse mejor frente al reto del empleo. El Servicio de Empleo se instaló inicialmente en Cali, donde Comfandi montó un centro con la Alcaldía –Confenalco también está en ese proceso- porque entienden que buscar empleo tiene que ser un sistema público y gratuito. Pero no es solamente que se genere empleo, sino que quienes lo buscan estén capacitados y sepan donde encontrarlo.

¿Por qué reformar el sistema de cooperativas?

Porque está muy estancado. Cada año se crean 500.000 empresas y menos de mil cooperativas. La gente prefiere crear una empresa para el propio lucro que formar una entidad solidaria y colectiva, cuando la verdad es que hay muchos temas que requieren de ese tipo de entidades: como reparación de víctimas, restitución de tierras y organización de campesinos, que les brinden ventajas a quienes estén en ese proceso.

En el tema de las pensiones, ¿qué tan grave es el atasco en Colpensiones?

Terrible. El país no sabe el estado de calamidad en que funcionaba el Seguro Social. Cuando empezó a operar Colpensiones, el estimado en octubre era que faltaban 80.000 pensiones por reconocer, después subió a 120.000, luego a 160.000 y hoy está en 230.000. Hasta el momento ha reconocido 240.000 solicitudes, pero le faltan otras 200.000. Yo no sé, francamente, cómo no hubo una revolución en el tema pensional, porque esa es una tragedia, sobre todo para la gente más pobre. Hubo muchísimos a los que, en 2005, les dijeron que no tenían pensión, ni podían saber por qué razón, ni podrían reclamar. Acabaron cayendo en unas redes de abogados, lo cual ha sido fatal.

¿Cuántas solicitudes se presentan al año?

Alrededor de 150.000, se niegan 90.000 por diferentes razones y se aprueban 60.000, pero el acumulado que tenía el Seguro Social es de 230.000. Por otra parte, a pesar de lo que se diga en la calle, en la reforma que tenemos planteada no están contemplados aumentos en las semanas cotizadas, ni en la edad.

Tomado de: elpais.com.co