Las batallas que encabeza el Súper de Industria y Comercio

A un mes de cumplir su primer año al frente del organismo de control, Robledo aseguró sin embargo que en su gestión no ha habido un toro más duro de lidiar que otro. “Cada día trae su afán. Hay circunstancias en la que la gente cree que el Superintendente está metido en un gran chicharrón y, de pronto, ese es un caso muy sencillo. Hay otros que, por el contrario, la gente los advierte como tranquilos y uno sabe que son difíciles”, respondió el alto funcionario en una reciente entrevista que concedió a LR.

Entre los llamados ‘chicharrones’ que ha afrontado este abogado de la Universidad del Externado, se cuentan la depuración del proceso electoral de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla y la formulación de pliego de cargos contra tres entidades del Distrito de Bogotá; al alcalde Gustavo Petro y a 10 funcionarios y exfuncionarios por presuntas prácticas restrictivas de la competencia, decisión que generó roces entre la administración de Petro y Robledo, quien pretende determinar si hubo la creación o no de un monopolio en el mercado de la recolección de basuras.

Otro lío fue el de la multa de casi $5.000 millones impuesta a la Empresa de Energía de Bogotá (Ebsa) por abusar de su posición de dominio en el mercado de instalaciones de gas domiciliario.

También entran a la lista la investigación y las medidas cautelares contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eeab), porque a juicio de la Superintendencia impedía el normal paso del agua en el sector de Guaymaral, en la capital. Por lo anterior, le ordenó retirar una platina reductora de caudal del afluente y una válvula reductora de presión que había instalado para reducir el caudal que llegaba a hogares y colegios.

“El país ha conocido un Superintendente decidido, que tiene como objetivo hacer las cosas bien, independientemente de qué decisión haya que tomar”, asegura Robledo, quien sostiene que, a diferencia de sus antecesores, le tocó un momento afortunado de la entidad.

“Encontré una entidad fortalecida en personal y presupuesto, y una nueva normatividad, que tiene los instrumentos sancionatorios eficaces, en donde en libre competencia podemos imponer multas de hasta $60.000 millones y en consumidor $1.200 millones. Antes, la máxima multa en esos escenarios equivalía al cinco por ciento de lo que hoy podemos imponer”.

El ojo puesto sobre la lucha de poderes en la Cámara de Barranquilla

Tal vez una de las primeras y más sonadas victorias de Pablo Felipe Robledo fue la que tuvo la semana pasada en el caso de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Después de que su antecesor José Miguel de la Calle decidió invalidar las elecciones del 5 de julio, en las que se descubrió que fueron creadas cerca de 1.500 Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) en tres meses y que influyeron en los resultados finales de los comicios, Robledo empezó una batalla para poder repetir la jornada y elegir una nueva mesa directiva. Sin embargo, desde diciembre del año pasado fueron suspendidas todas las convocatorias para la jornadas a través de tutelas que fueron impuestas en diferentes juzgados del país. De hecho, algunos empezaron a hablar de ‘carrusel de tutelas’, pues el Consejo Superior de la Judicatura descubrió que hubo fraude en el reparte de estas para que le cayeran a jueces específicos. Finalmente y después de apelar decisiones adversas en primera instancia y que luego la SIC ganaba en segunda, el pasado 29 de agosto se pudieron hacer las elecciones, en las que hubo una participación de 45% del censo, cifra que se ubicó por encima de la media nacional (41%) y de Cámaras de Ciudades como Bogotá (17%), Cali (40%) y Medellín (24%).

Cinco cementeras, a responder por posible pacto de precios

Recientemente la SIC anunció la apertura de una investigación a las cinco productoras de cemento más importantes del país, como Cemex, Holcim, Cementos Argos, Cementos Tequendama y Cementos San Marcos.

El hecho se dio porque presuntamente existió una infracción a las normas de libre competencia, que se efectuó a través de un acuerdo de fijación de precios y reparto de mercados entreproductores.

Si prospera el proceso y la SIC detecta que las empresas sí incumplieron, la entidad, además de adoptar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, puede imponer multas a quienes infrinjan las prácticas restrictivas de la competencia hasta por 100.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (Smlmv), hasta $58.950 millones; y a las personas naturales que faciliten, autoricen, ejecuten o toleren las conductas violatorias de las normas de la libre competencia, hasta 2.000 Smlmv, es decir, $1.179 millones.

El representante David Barguil, ha dicho que “se necesita la aplicación de sanciones ejemplarizantes, imponiendo las más altas multas que prevé la ley de competencia, esperamos que llegue hasta sus últimas consecuencias, que no se cierre anticipadamente bajo la figura de las llamadas ‘garantías'”.

La investigación a las azucareras se ampliará a toda la industria

La investigación que la Superintendencia de Industria y Comercio abrió en febrero del año pasado contra 12 ingenios azucareros y tres entidades del sector por presuntas prácticas restrictivas de la competencia, revivió con la vinculación al caso de 18 personas naturales, entre representantes y exrepresentantes legales del gremio.

De acuerdo a las pruebas recaudadas, entre 2006 y 2010 hubo participaciones constantes en los ingenios como una posible consecuencia del equilibrio de un cartel. Igualmente, dan cuenta de “un posible acuerdo anticompetitivo entre los ingenios” para, presuntamente, obstruir las importaciones de azúcar.

Cuando empezaron, las pesquisas sólo se dirigían contra Asocaña, Ciamsa, Dicsa, Riopaila Castilla, Ingenio del Cauca, Manuelita, Ingenio Providencia, Mayagüez, Ingenio La Cabaña, Ingenio Pichichí, Ingenio Risaralda, Carlos Sarmiento L. & Cía. Ingenio San Carlos, Ingenio Carmelita, Central de Tumaco e Ingenio María Luisa. Luego, con la resolución 15294 del 8 de abril, se vinculó a los directivos y exdirectivos.

Según conoció LR, las indagaciones ya tuvieron un trascendental vuelco, porque ahora no sólo tienen como objeto escudriñar sobre las venta de azúcar a las industrias, sino también la comercialización en todo el país.

Tomado de: larepublica.co

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