La iniciativa, que es de vital interés del Gobierno Nacional, salió desde mediados de octubre del Senado de la República pero en lo corrido del mes y medio de tiempo que lleva en su tránsito a la Cámara ha tenido seis foros regionales, en tanto que sólo hasta el 6 de noviembre pasado fue radica en la Comisión VII de la Cámara.
En cuanto a su trámite, todos los 19 miembros de la Comisión fueron nombrados ponentes, pero la mayoría, que están de acuerdo con la ley, no han radicado la ponencia positiva.
Hasta el lunes, al caer en la tarde, sólo se tenía radicada la ponencia negativa que presentaron las representantes Angela María Robledo, Alba Luz Pinilla y Gloria Estella Díaz.
De acuerdo con Pinilla, Robledo y Díaz, “luego de un trabajo juicioso en el que se han tenido en cuenta la vocería de más de 146 asociaciones de pacientes, 63 asociaciones científicas, varios hospitales a lo largo y ancho del territorio nacional, miles de estudiantes, trabajadores, profesionales del sistema de salud, internos, residentes y especialistas, hemos concluido que lo mejor para el país es que este proyecto frene su trámite”.
Las representantes señalan que la reforma plantea unos cambios de forma mas no de fondo, “es un maquillaje que ofrece el Gobierno Nacional para mantener el sector en la misma crisis”.
Algunas de las razones que corroboran esta afirmación son:
Entre los puntos que señalan estar en desacuerdo con el proyecto aprobado en el Senado, está el que se mantiene a las EPS que pasarán a denominarse GSSS -Gestoras de Servicios de Salud; sigue el ánimo de lucro y la intermediación financiera; es un Proyecto que se limita tan solo a la atención de la enfermedad y que el Fosyga se convierte en un gran banco llamado Salud Mía.
Critican, igualmente, que se limita el acceso a la tutela, sigue la integración vertical y porque, según la congresistas, se liquidarán los hospitales públicos.
Tomado de: eluniversal.com.co
