apareció un informe del Instituto de Competitividad (Aden) en el que se analiza la economía de los países de América Latina, midiendo variables como cobertura de necesidades básicas, aspectos institucionales, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud, educación y expectativas de población, competencia en los mercados, eficiencia en las relaciones laborales, y acceso a la tecnología.
 

Las estadísticas que se usan salen de organismos como el Banco Mundial y el BID.
 

En el último ranking de competitividad, Chile, Panamá y Costa Rica encabezan la lista, seguidos por Brasil, México, Uruguay y Perú. En el puesto 8 está Colombia.
 

Solo superamos a Argentina y Ecuador, y, claro, a Venezuela y Bolivia.
 

En este, como en todos los estudios de competitividad, a nuestro país se le destaca por sus mejoras en la estabilidad y política macroeconómicas, pero sus deficiencias están en infraestructura, tecnología, logística, seguridad y transparencia, asuntos que siempre aparecen como obstáculos; y no hemos podido removerlos.
 

Una conclusión simple es que al país le va bien en la macro, pero menos bien en la micro, y esto se resume en que tenemos una gran capacidad para hacer el discurso general y agregado para planear y formular, pero hay fallas en la ejecución.
 

Los casos más elocuentes son salud, educación e infraestructura, en los que el discurso lo manejamos a las mil maravillas, pero a la hora de hacer las cosas nos pegamos una gran enredada.
 

Sin desconocer la bondad y buena voluntad del Gobierno y los ministros para acertar en el Plan de Impulso, hay que decir que seguimos pensando muy globalmente, en el sentido de creer que la política económica es la mejor política sectorial, lo cual, parcialmente, es cierto.
 

Pero hoy se necesitan acciones específicas si se quiere empujar a sectores como industria y agricultura, lo cual, sin duda, no es fácil, pues se puede caer en desequilibrios e inequidades.
 

Un ejemplo. La revaluación es un fenómeno que no afecta a todas las empresas por igual, incluso ni siquiera de forma uniforme al sector industrial, en el entendido de que hay muchas compañías que sustentan su actividad en un volumen grande de importaciones, a las cuales agregan valor nacional, lo que es tan importante como producir localmente.
 

Otro caso. Permitir que los fondos privados de pensiones inviertan una cifra de US$5.000 millones en el exterior para atajar la apreciación de la moneda implica la congelación en pesos de esa cantidad de dinero, lo cual resta en capacidad interna de inversión y consumo.
 

Los rendimientos afuera no compensan para nada el monto total.
 

El Plan hace un gran énfasis en la construcción de vivienda, lo que está bien, en término agregados –así deje un sabor de apoyo a las intenciones políticas de un ministro–, pero no se adentra en los problemas serios que está afrontando la edificación, como la tramitomanía, las tierras urbanas y el costo de licencias y permisos.
 

Estos temas que no pasan por la mente de los tecnócratas, requieren la atención del Gobierno Nacional y darles línea a los alcaldes.
 

Y una última. El consumo de las familias es determinante en el crecimiento de la economía, pero el costo del crédito es un gran obstáculo: mientras la inflación es de 2 por ciento anual, la tasa de interés ronda el 30 por ciento.
 

Y de esto no se dijo nada.

Tomado de: portafolio.co