Este viernes se cumple un mes de la radicación del proyecto de reforma a la salud en el Congreso y todavía no se ha citado a un solo debate al respecto, denuncia el senador Armando Benedetti. Aunque la discusión todavía no llega a ese recinto, ya se han empezado a oír las opiniones de los partidos que van dando pistas de cuál va a ser su posición a la hora de votar.

En un foro realizado el martes por la Universidad del Rosario y El Espectador, quedaron tres posiciones claras: el apoyo del Partido Liberal dependerá de que se elimine del proyecto la posibilidad de que las EPS y hospitales realicen integración vertical (lo que les permite invertir en equipos e infraestructura propia para tratar a los afiliados); el Partido Conservador es más receptivo con la propuesta del Gobierno y el Polo Democrático ha dicho que esperaba “una reforma estructural” y no una iniciativa que favorezca el negocio de las prepagadas y los seguros privados

Sin duda la opción que deja abierta la reforma, de que se realice integración vertical para el primer nivel de complejidad –es decir para la atención inicial, consulta médica general, estabilización o remisión de pacientes de urgencia, atención odontológica, radiología, hospitalización– es el punto de mayor controversia.

Simón Gaviria, presidente del Partido Liberal, se declaró “el enemigo más grande de la integración vertical” y aseguró que este mecanismo es “el corazón de la corrupción en el sistema de salud”. Dice que es necesario eliminarla completamente y remató: “por ahí es que se roban la plata porque de ahí sale la contratación”.

Clara López Obregón, presidenta del Polo Democrático, compartió esta posición. Según ella, no sólo que hay que prohibirla, sino que instó al Gobierno a recuperar los dineros del sistema que se han perdido por cuenta de inversiones que han hecho algunas EPS en infraestructura amparadas en esta figura (el caso más sonado es el de Saludcoop).

López también se mostró inconforme con la propuesta de la reforma que plantea que quienes paguen un seguro voluntario, o un servicio de medicina prepagada, podrán disponer de la UPC (Unidad de Pago por Capitación, que es dinero que el Gobierno les gira a las EPS por la atención de cada usuario) para pagar parte de la prima. En promedio la UPC está hoy en $500.000. Al respecto López señaló: “Ésta es una reforma destinada a meterle la mano al bolsillo a la clase media”, lo que, a su parecer, acrecentará “la desigualdad social”.

Armando Zabaraín, presidente del Partido Conservador, fue quizás el más optimista frente a la reforma pero también dejó por sentado que en su partido “reconocemos lo perversa que es la integración vertical”.

Zabaraín hizo además propuestas al proyecto: por ejemplo, planteó que los servicios de baja complejidad (del primer nivel) sean manejados por alcaldías y gobernaciones, siempre y cuando cuenten con

certificados que avalen su capacidad y su desempeño. Celebró que, gracias al fondo único que manejará los dineros y la información del sistema, se podrá contar con una base de datos unificada. Finalmente dejó un interrogante en el aire: la posibilidad de que desaparezca el defensor del usuario. Tanto Zabaraín como Gaviria se refirieron a la importancia de fortalecer la Superintendencia de Salud.

En la sala del auditorio de la Universidad del Rosario, en Bogotá, escuchaba atento Jaime Arias, presidente de Acemi (entidad que agremia a las EPS del régimen contributivo). Lo primero que dijo luego de ver la presentación de los tres líderes de políticos fue: “El sector político está lleno de dudas y eso no es bueno porque esta reforma se define en el Congreso. Ojalá todos los congresistas se dieran a la tarea de estudiar lo que es el sistema y las repercusiones que tendría definir una reforma a las carreras”.

Afirmó, por ejemplo, que las declaraciones de los políticos sobre la integración vertical no pueden ser tan radicales: “En los sistemas de aseguramiento social es esencial, necesaria e indispensable la integración vertical en lo que se llama puerta de entrada, en el primer nivel. ¿Si creen que hay corrupción por qué no la denuncian? Las EPS no encuentran quién haga las consultas y las cirugías en el nivel primario. Hay clínicas y hospitales buenos pero no dan abasto, y en muchos casos a las EPS les ha tocado construir esos hospitales de primer nivel”.

Sobre los incentivos a la medicina prepagada sostiene que es necesario “estimularla porque es de buena calidad, porque la paga la gente de su bolsillo y porque con parte de esos dineros se alivia al sistema (con trasferencias indirectas que representan hasta de 1 billón de pesos anuales)”. Además se preguntó: “¿Por qué no les gusta la medicina prepagada? Porque es una iniciativa privada y hay sectores como el del Polo Democrática que sistemáticamente se oponen a todo lo privado”.

También estuvo presente el viceministro de Protección Social, Norman Julio Muñoz, quien aseguró que el Ministerio no está “dogmatizado en ninguna posición” sobre la propuesta de integración vertical y señaló que “estamos abiertos a mirar el debate y los puntos de vista”. Dijo que la propuesta del Gobierno, de que este mecanismo siga vigente por lo menos en el nivel básico, “está pensada en la necesidad de tener una oferta de servicios suficiente para atender a la gente, pero es un debate que hay que seguir dando”.

Señaló que el mismo Ministerio ha planteado la necesidad de hacer una mesa de diálogo para discutir este tema de manera objetiva. “Independientemente de cualquiera de las posiciones, lo que nos interesa es que al final cualquier decisión apunte a que la gente tenga acceso al servicio, sobre todo en aquellas regiones en donde la oferta no es tan amplia y podría generar restricciones de acceso a los usuarios”.

Tomado de:elespectador.com