Mientras las contralorías avanzaban en procesos por presuntos daños patrimoniales que podrían llegar a 11,2 billones de pesos, el recaudo efectivo por recuperación de recursos era de 59.000 millones de pesos en el 2012, según la Auditoría General.
De tal forma, cada vez que se identificaban 100 pesos de dinero público en riesgo, se recuperaban 53 centavos. Si bien las contralorías tienen unas cifras distintas, la recuperación que se logra, según los cálculos de la Contraloría General y de las contralorías de las regiones, equivale al 1,3 por ciento del total de recursos comprometidos en los procesos que avanzan en el mismo periodo.
En medio de esa situación, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) cuestiona el papel de los organismos de control, señala que asumieron actividades similares al control previo que paraliza la ejecución de la inversión pública pero, a cambio, no son eficientes en recuperar recursos.
“Colombia parece estarse quedando en el peor de los mundos en control público”, comenta Sergio Clavijo, presidente de Anif. En un informe sobre el control fiscal, el centro de estudios dice que en las entidades que cumplen ese papel hay burocracia gigante, regreso a esquemas similares al control previo y debilidad en su actuar.
De acuerdo con la Auditoría General, en el 2012 se llevaban 15.013 procesos por un presunto daño patrimonial de 11,2 billones de pesos de los cuales 5,9 billones corresponden a la Contraloría General y 5,3 a las territoriales. En el camino hay fallos proferidos, procesos de cobro coactivo y sanciones que también hacen parte del control fiscal, pero en definitiva, el recaudo efectivo total por recuperación de recursos, solo es de 59.000 millones de pesos, según este reporte.
Cabe destacar que, en las estadísticas de la Contraloría General, la recuperación de recursos, solo de esta entidad, llegó a 76.923 millones de pesos y para el Consejo Nacional de Contralorías (CNC) este monto, solo de 52 organismos territoriales que reportaron de los 62 que operan en el país, fue de 67.000 millones de pesos. “Las cifras de la Auditoría no siempre suman todo lo que se reporta”, indica Magda Milena Amado, una de las presidentas del CNC.
Para la contralora general delegada para la gestión pública, Ligia Helena Borrero, si bien la recuperación aún no es tan alta frente a la corrupción, es mucho mejor que hace años. Según sus cuentas, en el 2010 los recaudos por procesos de responsabilidad fiscal eran de 1.757 millones de pesos, el año pasado se incrementó a 76.923 millones de pesos “y al 28 de junio de este año vamos en 292.663 millones de pesos”.
Amado sostiene que “en el 2012, solo 52 contralorías territoriales manejaron un presupuesto de 264.359 millones y 2.859 funcionarios, pero auditaron 4.179 entidades que manejan 91,6 billones de pesos, proceso que terminó en 398 hallazgos”.
Agrega que se abrieron 8.410 procesos de responsabilidad fiscal por 2,6 billones de pesos, lo que implica que “las contralorías evitan la corrupción por lo tanto se deben fortalecer así como se ha hecho en el nivel central, que cada vez tiene más dinero y más personal”.
En cuanto a actividades que, en la práctica, funcionan como control previo, Anif dice que ese tipo de intervención “en los ochenta, no solo no sirvió para mejorar la calidad de las obras públicas, sino que se volvió un expediente de extorsión sobre los gobernantes de turno. Toda la cadena de decisiones de ministros y gobernadores-alcaldes (nombrados entonces por el Gobierno Central) estaba al amparo de la tramitomanía pública que dependía de la Contraloría y la Procuraduría”.
Pero el representante a la Cámara, Simón Gaviria, estima que si ya se está aplicando, es mejor hacerlo oficial. “Los alcaldes están mostrándole a los contralores lo que van a hacer para evitarse problemas. Si ya estamos haciéndolo, por qué no lo volvemos oficial para agilizar la ejecución presupuestal”.
El contralor del Valle, Gustavo Sinisterra, señala que esto sería nefasto. “Volveríamos a esquemas en los que el ejecutor tiene que conseguir primero el visto bueno de la Contraloría. El control posterior selectivo es el ideal, pero si se hace en tiempo real, no esperando tanto tiempo”.
EL CONTROL FISCAL YA SALIÓ DE LA ‘EDAD DE PIEDRA’: CONTRALORÍA
Así responde Ligia Helena Borrero, contralora delegada para la Gestión Pública, a las observaciones de Anif:
¿Cuál es la posición de la Contraloría frente a la afirmación de Anif de que en el control fiscal sigue siendo débil frente al aumento de la burocracia?
No se puede decir que aumentó la burocracia. La Contraloría, en particular, tuvo un ajuste en la nómina para atender regalías. Pese a ello, el número de personas para auditorías en ese aspecto es menor hoy en comparación a las que se tenían en la época en que las hacía Planeación. En ese momento, inclusive, hasta había firmas interventoras que eran juez y parte, como empresas del grupo Nule. Para destapar todo eso ha servido el control fiscal de hoy.
¿Aún así, el control fiscal sigue siendo débil?
El camino para fortalecerlo es largo. Aún así, en esta administración hemos fortalecido el control y lo hemos modernizado. Pasamos de la ‘Edad de Piedra’ a tener una organización digna y decente, comenzando por su estructura física, su estructura tecnológica, la capacitación del recurso humano. Comparen el presupuesto y el personal que tiene la Fiscalía, la Procuraduría y el presupuesto de la Contraloría, las tres ‘asustadurías’, como dice Anif; el presupuesto auditado versus el que se auditaba antes. El control fiscal se ha fortalecido. Evidentemente hay que mejorar mucho, hay que fortalecer el control fiscal, su recurso humano, sus procesos y los sistemas para mejorarlo.
¿La nómina solo se incrementó por regalías?
Sí. Aunque también se incorporaron personas que se ganaron un concurso que venía desde hace casi dos años, para cubrir vacantes existente, pues estas y los ascensos se tienen que hacer por concurso.
Cuando llegó la contralora Morelli denunció la existencia de nómina paralela. ¿Qué pasó con eso?
Había muchos contratistas a 6 meses con labores misionales. En general, a todos se les fue liquidando el contrato. Mientras se hacía el concurso, teníamos gente provisional para la labor misional.
Se dice que con los controles de advertencia, se hace control previo, prohibido por la Constitución. Además, se han convertido en ‘asustadurías’ que frenan la ejecución. ¿Qué tiene que decir a esto?
La función de advertencia es distinta al control previo y al control fiscal. Está prevista en la ley; es una facultad que se le dio a la Contraloría.
¿Qué resultados se han logrado con estas actuaciones?
En algunos casos de concesiones, la ejecución no estaba convertida en obra. Hay contratos que no se han liquidado y aparece desembolsado el 90 por ciento, pero nadie antes le decía al contratista ¿qué pasa con esto? puede haber un detrimento patrimonial.
‘MÁS BUROCRACIA Y MENOS EFECTIVIDAD’
Según Anif, “pese a la contracción de 1.800 funcionarios, en la Contraloría General continúa la pesada burocracia, y la entidad sigue mostrando baja productividad y elevada inflexibilidad laboral”.
En la Procuraduría, la planta de personal se expandió en 800 y la entidad “ha adquirido un tinte politiquero preocupante. La forma en que se encaran algunas sanciones disciplinarias destilan intereses políticos”, señala el informe.
De acuerdo con Anif, el control previo, que se volvió a retomar de nuevo –aunque de manera informal–, tras haber sido cambiado por el control posterior en la Constitución del 91, está frenando la ejecución de recursos, particularmente para obras públicas.
Anif le atribuye esa situación al llamado efecto “asustaduría”. “La inversión en carreteras y calles tan solo creció 1,4 por ciento anual durante el primer trimestre del 2013, a pesar de que las obras civiles (principalmente minero-energéticas) crecieron a ritmos estimulantes del 18 por ciento real anual”.
Tomado de:portafolio.co
