La realidad colombiana, por encima del promedio de América Latina, confirma que ahorrar para la vejez es como el propósito de ir al gimnasio: “sabemos que es algo bueno que debemos hacer, pero no lo cumplimos y siempre habrá excusas para no hacerlo”.

 

Así lo señala Carmen Pagés-Serra, jefe de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo y una de las voces más influyentes y destacadas en el análisis de los problemas de los sistemas pensionales en el continente.

 

En su paso reciente por Colombia, a instancias de Asofondos (gremio de las AFP), Pagés-Serra habló con El Colombiano acerca de la crítica realidad del Sistema General de Pensiones y dejó sobre la mesa una propuesta fiscalmente viable de crear una pensión universal mínima antipobreza.

 

La iniciativa parte de dos medidas que costarían anualmente al Gobierno 1,2 por ciento del PIB con un doble efecto: disminuir a cero la pobreza entre adultos mayores y reducir notablemente la informalidad del mercado laboral.

 

“La pensión mínima no contributiva tendría un costo anual de 0,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Y si a eso se suma que cada trabajador reciba un subsidio equivalente al 50 por ciento de la contribución pensional sobre el salario mínimo, se puede aumentar la formalidad entre el 30 y 50 por ciento, con un costo de otro 0,6 por ciento del PIB”, explicó esta española con doctorado en Economía de la Universidad de Boston (ver gráfico).

 

El planteamiento se sustenta en una investigación de los sistemas pensionales latinoamericanos consignada en el libro “Mejores pensiones, mejores trabajos” que publicó el BID en 2013, coautoría de Pagés-Serra, Mariano Bosch y Ángel Melguizo (disponible en www.coberturauniversal.net).

 

Cálculos propios con valores proyectados del PIB para 2014 arrojan que aplicar la propuesta del BID en Colombia implicaría un desembolso del Gobierno cercano a los 9,24 billones de pesos.

 

Para que se haga una idea, eso es una tercera parte de los 29,4 billones de pesos que reservará el Presupuesto General de la Nación de 2015 para el pago de mesadas a cerca de 1,2 millones de jubilados en el régimen público.

 

El subsidio para incrementar el empleo formal significaría, con un salario mínimo 2014 de 616.000 pesos, una contribución oficial de 49.300 pesos por cada trabajador, es decir, la mitad de los 98.600 pesos que surgen de una tasa legal de cotización del 16 por ciento, con aportes de 12 por ciento del empleador y otros 4 puntos del trabajador.

 

“No podemos desligar los aumentos esenciales de cobertura pensional de la sostenibilidad del sistema previsional. Cada vez que ingresa una personal a un sistema no sostenible, trae un déficit debajo del brazo y puede ser una carga enorme para el fisco”, aclara Pagés-Serra al señalar la urgencia de facilitar formas de los trabajadores ahorrar para su vejez, sobre todo, cuando Colombia envejece rápidamente y triplicará su población de más de 65 años: de 2,6 millones, en 2010, hasta 11,3 millones, en 2050, según proyecciones demográficas del BID.

 

Asimismo, está en juego la sostenibilidad del régimen colombiano de Prima Media con una deuda pensional que alcanza un 117 por ciento y el déficit de caja anual es de unos 31,8 billones de pesos, un 4,1 por ciento del PIB, según cálculos recientes de Asofondos.

 

El desafío pensional es mayor, teniendo en cuenta que, la informalidad laboral del país, medida como población en edad de trabajar que no cotiza a seguridad social, alcanza a 81 de cada 100 trabajadores.

 

“La baja cobertura pensional se explica en la suma de varios factores: la dificultad de ahorrar para la vejez, más los problemas para generar ahorro debido al diseño y funcionamiento de la seguridad social, más esquemas de protección que favorecen la informalidad, eso se traduce en menor ahorro pensional y una alta informalidad laboral”, apuntó Pagés-Serra, en diálogo con este diario:

 

¿Ese esquema que propone el BID de subsidios para formalizar el mercado laboral se ha aplicado en otros países de la región?

“No plenamente, pero sí vemos que en Chile hay un subsidio para que los jóvenes se formalicen con un relativo éxito. Lo que proponemos es que el Estado aportaría el equivalente a la mitad de la contribución que corresponde a una persona con salario mínimo, es decir que a medida que aumente su ingreso, el aporte sería menor. El impacto es mayor en los de bajos ingresos”.

 

Pero igual muchas personas están en la informalidad y no cotizan a pensión…

“Se ha discutido mucho cómo hacer para retener en el sistema pensional a la gente, pero se ha hablado muy poco de todos los que están por fuera. De ahí que se deban buscar políticas que decididamente formalicen, lo que ha comenzado a hacer Colombia recientemente con relativo éxito, como reducir los menos costes no salariales, pero hay mucho camino por recorrer”.

 

Entonces, ¿qué hacer?

“Hay opciones que no implican muchos recursos fiscales en la forma de aproximar a las personas al sistema pensional. Por ejemplo, automatizar la decisión de ahorro pensional para mucha gente aumentaría el grado de afiliación a la seguridad social y por tanto su contribución. Esto también traería muchos más recursos que podrían aportar al desarrollo del país (inversiones de fondos de pensiones en frentes como infraestructura)”.

 

¿Cómo sugiere esa automatización del ahorro?

“Hay cosas tan sencillas como autorizar el pago del ahorro a pensiones desde la cuenta bancaria, pagar mediante el recibo de los servicios públicos domiciliarios o por la cuenta de cobro del celular o al momento de hacer recargas. La tecnología hoy existe para poderlo hacer y que la gente se olvide de la decisión, mes a mes, de tener que ahorrar para su pensión. Dejada a su libre albedrío, la gente no es buena en decisiones de ahorro de largo plazo. Por eso son necesarias iniciativas de educación financiera que recuerden que si no contribuimos, no habrá pensión. Actualmente hay una clase media emergente en Colombia muy vulnerable a la pobreza en la vejez”.

 

Pero en Colombia existe la creencia de que jubilarse es imposible, para afiliados y no afiliados, ¿cómo romper esa idea?

“Esa percepción es congruente con la realidad que arrojan los números y efectivamente es muy poca la gente que se jubila con la edad relativamente temprana que ahora tiene la ley colombiana en medio de una alta informalidad laboral. Ahora, eso no significa que la realidad no pueda cambiar y con ello la percepción. Finalmente, contribuir al ahorro para la vejez es una labor de todos”.

 

¿Habría que subir la edad de jubilación para ellas?

“Siempre es una opción que debe estar sobre la mesa. De hecho, los países que viven un proceso de envejecimiento mayor, como en Japón o los europeos, han tenido que aumentar la jubilación e igualar las edades de retiro. No tiene mucho sentido que las mujeres se pensionen a edad menor cuando son más sanas que los hombres cuando llegan a los 60 o 65 años”.

 

¿Se requiere de grandes reformas pensionales para corregir el bajo ahorro para la vejez?

“Hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de una reforma pensional, sobre todo, dirigidos para quienes son trabajadores por cuenta propia y no están en la formalidad. Por eso habría que pensar en trabajar en sistemas de subsidio a contribuciones de seguro social para personas de bajos ingresos, son sistemas que busquen incidir donde haya menos cobertura y mayor informalidad”.

 

En todo caso, ¿cuál es el costo país de aplazar una reforma pensional?

“Es muy alto, los problemas pensionales pasan factura y será más alta para las generaciones que son jóvenes hoy. El problema de las pensiones se asemeja a quien llega al hospital por urgencias a punto de morirse y no antes, cuando podría haber detectado síntomas y aplicar un tratamiento para salvarlo”

Tomado de: https://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/bid_plantea_pension_universal_antipobreza/bid_plantea_pension_universal_antipobreza.asp