El hecho de que solo 12 por ciento de las medianas y pequeñas empresas (mipymes) en Colombia tenga acceso a crédito formal va en contravía del aporte que estas le hacen a la economía nacional. De ahí que el Gobierno esté trabajando para revertir la tendencia a través de la figura de las garantías inmobiliarias, cuyo proyecto de ley fue aprobado por el Congreso hace dos meses.
Ahora, la Superintendencia de Sociedades trabaja en la socialización de la iniciativa, de la mano de varias organizaciones como Comfecámaras, Acopi y Asobancaria, entre otras entidades, a las que se sumó el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.
Igualmente, han estado activos los ministerios de Justicia y de Comercio, Industria y Turismo, y las superintendencias Financiera, y de Industria y Comercio. “Esta unión de esfuerzos es importante, si se tiene en cuenta que urge modernizar nuestra normatividad comercial que, de hecho, data de 1971, lo que significa que hay un problema estructural, entre otros, por mantener un régimen clásico de hipoteca, prenda y fianza”, explicó el superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez.
Agregó que la ley responde a necesidades económicas y jurídicas. Sobre el primer aspecto, el Gobierno identificó que, muchas veces, no contar con bienes inmuebles significaba una restricción al crédito, especialmente para las Mipymes. Ahora, con la Ley se abre un universo amplio que permitirá dar como garantía, por ejemplo, activos circulantes, la totalidad de los bienes del garante, bienes presentes y futuros, corporales o incorporales, bienes derivados, cuentas por cobrar, inventarios, contratos y facturas, entre otros. La Súper explicó, por ejemplo, que un tendero podrá obtener un crédito y respaldarlo con el inventario de su tienda.
Tomado de: Portafolio.co
