Contrapartida
De Computationis Jure Opiniones
Número 1164, Febrero 02 de 2015

Esto solo es posible cuando sus actuaciones son fruto de un profundo conocimiento de las cosas, de un cuidadoso análisis de las diversas circunstancias y de juicios razonables. Cuando las autoridades se empeñan en meterse en lo que no saben, suelen improvisar y cometer muchos errores.

 

La regulación de asuntos técnicos es particularmente difícil para las autoridades, pues se ven en la necesidad de recurrir a expertos que las ilustren. El problema es que cualquier experto tiene ideología e intereses. El único antídoto contra esta situación es propiciar la participación amplia del público, de manera que las diversas posiciones afloren y puedan ser sopesadas.

 

En nuestro país hay muchos que hablan ex cátedra. Estos pecan porque son incapaces de repensar lo que sostienen, pues su soberbia les impide cambiar de parecer. De otra parte, hay muchos censuradores de oficio, generalmente de izquierda, que en lugar de aducir investigaciones y argumentos forjados en el crisol de la ciencia, suelen recurrir a improperios para herir a sus contrincantes y sacarlos de quicio. Gustan de hablar al final cuando su interlocutor ya no puede responder. Muchas veces obran en gavilla. El resultado de la intervención de aquellos y de éstos normalmente es una incomunicación. En este río revuelto pescan los cabilderos que sigilosamente hablan al oído de las autoridades y pujan por seducirlas.

 

En Contrapartida 1059 rechazamos la forma incoherente como obró el Gobierno al publicar un proyecto de ley que contradice las propuestas de normas en materia de aseguramiento que, luego de un debido proceso, se encuentran en poder de las autoridades de regulación.

 

El Gobierno está en una trampa. No puede sostener que las normas de aseguramiento son incompatibles con el marco de la revisoría fiscal como ésta se encuentra regulada en nuestras leyes y, al mismo tiempo, expedir normas que obliguen al revisor fiscal a aplicar esas normas para cumplir sus funciones.

 

El Gobierno se equivocó al hacer suyo el argumento de la incompatibilidad, que ciertos sectores de la profesión vienen sosteniendo. Es verdad que éste se encuentra consignado en el ROSC, pero en este punto este documento no resiste análisis. Tal reporte, desconocido por muchos, es aducido por unos como verdad revelada y rechazado por otros que ven en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional la personificación del capitalismo salvaje.

 

Nosotros pensamos, como lo hicieron los ponentes durante el trámite de la hoy Ley 1314 de 2009, que las normas de aseguramiento son perfectamente compatibles con la revisoría fiscal y por eso su promulgación la refuerza. La pita la enredaron los que so pretexto de las normas de aseguramiento quieren redefinir el mercado profesional.

Hernando Bermúdez Gómez

Pontificia Universidad Javeriana
De Computationis Jure Opiniones
Número 1164, Febrero 02 de 2015