Contrapartida
De Computationis Jure Opiniones
Número 859, Marzo 05 de 2014 

Esto se ha convertido en un dolor de cabeza para los contables, quienes han debido re entender un ambiente tributario más agresivo y, por demás, costoso de administrar. El re entender debe verse en múltiples dimensiones; por un lado el conocimiento de la nueva normativa conlleva una capacitación profunda, la cual aún carece de difusión en el mercado profesional, limitándose a cursos impartidos por las cámaras de comercio y algunas universidades, siendo estas últimas la mejor y naturalmente más costosa opción.

Así, la adecuación de aplicativos tecnológicos y procedimientos administrativos al interior de las empresas son la dimensión más costosa para todas las entidades, sin importar su tamaño o industria, pues exige un mayor control documental sobre un número mayor de soportes, requiere personal capacitado, espacio de almacenamiento y mayor disciplina con los terceros con los que la organización contrata. Esta carga golpea principalmente a empresas y profesionales prestadores de outsourcing y BPO; las firmas y los profesionales que prestan servicios de aseguramiento deben adecuar también sus procesos de revisión, plantillas de documentación y, así mismo, capacitar su personal y actualizar sus programas de auditoría. Considerando que la emisión de normas ha sido tan agresiva, sus efectos se perciben incluso mensualmente.

Como si fuera poco, se inició una cuenta regresiva desde la emisión de la Ley 1314: el tiempo del Decreto 2649 ha terminado e inicia la era de los IFRS. Este cambio requiere una inversión enorme de tiempo, recursos económicos y flexibilidad mental de los profesionales en su preparación académica. Resalto que solo una universidad en todo el país tiene estudios de posgrado en la materia, cuando en el resto del país solo ofertan diplomados y cursos de varias instituciones. Un compromiso del profesional contable es estar permanente en formación, sin embargo el exceso de cambios propuestos ha generado una coyuntura en la profesión, la que, sobre todo en las regiones, presenta altos sobrecostos o limitaciones de capacidad para la prestación de servicios profesionales.

¿Quién asume el sobrecosto? Agremiaciones como Adeconta han protestado frente a estos abusos, exigiendo garantías de estabilidad normativa y procedimental, además de términos económicos que permitan a los profesionales acceder a mejores niveles de capacitación y desarrollo. Sin embargo, ni el director de la DIAN ni los superintendentes parecen tener la disposición para dejar la capital y dar explicaciones en las regiones donde con tanto eco son requeridos y reclamados. Por mi lado, no salgo de la sorpresa frente a la circular de la SuperFinanciera que obliga a los Revisores Fiscales de sus vigiladas a informar sobre el balance de apertura IFRS a Enero de 2014 y manifestarse sobre las políticas de transición; casi convirtiendo a los revisores en veedores de la convergencia. Con esto no quedará más que dirigir la correspondiente factura a la Super o bien convocar a un paro contable nacional, lo que resulte menos ridículo.

Andrés Felipe Ramos Ospina

 Pontificia Universidad Javeriana
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Número 859, Marzo 05 de 2014